¿Qué es una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
25 abr 2025

Introducción al marco legal
El cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España se rige por un sólido marco legislativo alineado con las Directivas de la Unión Europea. Desde la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea, se ha desarrollado una normativa específica que establece obligaciones claras para sujetos obligados en la lucha contra el lavado de dinero.
Actualmente, la legislación clave en este ámbito es la Ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Esta norma se complementa con el Real Decreto 304/2014, que aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, proporcionando las directrices necesarias para una correcta implementación del sistema de compliance en prevención de blanqueo de capitales.
Este marco legal establece los requisitos esenciales para que empresas y entidades sujetas a la normativa cumplan con sus obligaciones de diligencia debida, identificación de clientes, monitoreo de operaciones y comunicación de actividades sospechosas a las autoridades competentes.
Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera competente en España es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias — SEPBLAC —.
Enlace: https://www.sepblac.es/es/
Sujetos obligados de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
En el ámbito del compliance financiero en España, la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo define un conjunto específico de sujetos obligados, es decir, personas físicas y jurídicas que deben cumplir con estrictas obligaciones legales en función de la actividad económica que desarrollan.
Entre los principales sujetos obligados por la Ley 10/2010 se encuentran:
Entidades de crédito y bancos
Compañías aseguradoras
Plataformas de compraventa de criptomonedas y activos virtuales
Notarios y registradores de la propiedad
Abogados, asesores fiscales y auditores
Estas entidades están legalmente obligadas a implementar políticas de compliance financiero, aplicar medidas de diligencia debida, identificar a sus clientes, monitorear operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Cumplir con estas obligaciones no solo es esencial para evitar sanciones, sino también para proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer la reputación de las organizaciones frente a reguladores, clientes e inversores.
Enlaces:
Personas Políticamente Expuestas (PEP): normativa aplicable en España
Marco legal de las personas expuestas políticamente
En el contexto del cumplimiento normativo y la prevención del blanqueo de capitales, las personas políticamente expuestas (PEP) son consideradas un factor de alto riesgo por su potencial influencia en decisiones públicas y su posible vinculación con actividades ilícitas.
La definición y regulación de las personas políticamente expuestas en España está contemplada en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y desarrollada en su correspondiente Reglamento, aprobado por el Real Decreto 304/2014.
Adicionalmente, para una correcta identificación de PEP, es necesario tener en cuenta:
La relación de cargos públicos relevantes publicada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
La lista de personas políticamente expuestas extranjeras emitida por la Comisión Europea, conforme al artículo 20 bis de la Directiva (UE) 2015/849.
El reconocimiento e identificación de las PEP es una obligación clave dentro de cualquier programa de compliance y diligencia debida reforzada, especialmente en sectores financieros y otros sujetos obligados, donde se requiere una evaluación de riesgo más exhaustiva.
Enlaces:
Definición de PEP
La normativa española divide a sus PEPs en cuatro grandes grupos: Organizaciones políticas, Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Partidos políticos: cargos de alta dirección en partidos políticos con representación parlamentaria.
Sindicatos y organizaciones empresariales: cargos de alta dirección.
ESTADO
Jefatura del Estado.
Presidente del Gobierno, Vicepresidentes y Ministros, incluyendo:
Secretarías de Estado.
Secretarías Generales.
Subsecretarías.
Direcciones Generales.
Cualquier puesto en el sector público estatal cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros.
Diputados y Senadores.
Embajadas y Jefaturas de misión diplomática.
Alto personal militar de las Fuerzas Armadas.
Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Salas de la Audiencia Nacional.
Fiscalía General del Estado y fiscales de sala del Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia.
Personas que tengan la condición de alto cargo conforme a la normativa estatal de aplicación.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Presidencias, vicepresidencias y consejerías de las Comunidades Autónomas.
Diputados de parlamentos autonómicos.
Direcciones generales y secretarías generales.
Direcciones de empresas públicas participadas por una Comunidad Autónoma.
Personas que tengan la condición de alto cargo conforme a la normativa autonómica de aplicación.
ENTIDADES LOCALES
Alcaldes, concejales y asimilados en municipios capitales de provincia o Comunidad Autónoma, y en municipios de más de 50,000 habitantes.
Presidencias, vicepresidencias y consejerías de los órganos de gobierno de las Entidades Locales reconocidas en el ordenamiento jurídico español.
Personas que desempeñen cargos de administración en entidades del sector público dependientes de Entidades Locales.
Enlaces:
¿Cuanto dura la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)?
La normativa sobre personas políticamente expuestas (PEP) establece que, una vez estas personas cesan en el ejercicio de sus funciones públicas relevantes, los sujetos obligados deben continuar aplicando medidas reforzadas de diligencia debida durante un período mínimo de dos años.
Este plazo permite asegurar una adecuada gestión del riesgo, ya que las PEP pueden seguir representando una amenaza potencial en términos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo incluso después de abandonar su cargo.
Durante estos dos años, las entidades sujetas a la Ley 10/2010 deberán mantener los controles reforzados aplicables a clientes clasificados como PEP, incluyendo la supervisión continua, la validación del origen de los fondos y la autorización de altos cargos para establecer o mantener relaciones de negocio.
Enlace: https://www.boe.es/eli/es/l/2010/04/28/10/con#a14
Fuentes con las que conectamos:
Web oficial del Parlamento de España
Web oficial del Senado de España
Web oficial del Parlamento del País Vasco
Web oficial del Parlamento de Cataluña
Web oficial del Parlamento de Andalucía
Web oficial del Parlamento de Madrid
Parlamento de la Comunidad Valenciana
Parlamento de Castilla y León
Parlamento de Galicia
Parlamento de las Cortes de Aragón
Parlamento de Extremadura
Parlamento de Canarias
Parlamento de Castilla La Mancha
Parlamento de La Rioja
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Navarra
Asamblea Regional de Murcia
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de las Islas Baleares
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Web del Partido Político Podemos en La Rioja
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Web de la Confederación Empresarial Vasca
Web de la Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
Web de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
Web de la Confederación de Cooperativas de Euskadi
Web de la Confederación Española de Comercio
Web de la Confederación de Empresarios de Albacete
Web de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
Web de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana
Web de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha
Web de la Federación Asturiana de Empresarios
Web de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
Web de la Confederación de Empresarios de Cantabria
Web de la Confederación Empresarial de Ourense
Web de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
Web de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
Web de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería
Web de la Confederación de Empresarios de Andalucía
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Web de la Confederación de Cuadros y Profesionales
Web del Sindicato Comisiones Obreras
Web de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
Web del Sindicato de circulación ferroviario (SCF)
Web del Sindicato de Enfermería (SATSE)
Web de la Confederación Sindical Independiente Fetico
Web de la Confederación General del Trabajo
Web del Sindicato de Empleados de CaixaBank (SECB)
Web del Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP)
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